El ejercicio de la acción penal («commencing a prosecution»)

Autor:Juan Damián Moreno
Cargo del Autor:Catedrático de Derecho Procesal, Universidad Autónoma de Madrid
Páginas:63-77
 
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A) El deber de actuar conforme a las exigencias derivadas del sometimiento al «due process of law»

El derecho inglés carece de un código que contenga toda la regulación completa e integral de la legislación procesal penal; sus normas se encuentran dispersas en diversas leyes que se han ido promulgando a medida que las circunstancias lo han ido requiriendo. La regulación propiamente procesal, que es la que se refiere al procedimiento que ha de seguirse ante los tribunales, se encuentra desde 2010 contenida en las Criminal Procedure Rules, uno de cuyos objetivos fundamentales no es otro que el de garantizar a las partes un juicio justo («[t]he overriding objective of this new code is that criminal cases be dealt with justly»). Las actuaciones preparatorias al juicio y

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las normas que regulan las atribuciones de los tribunales se encuentran en otro tipo de normas de carácter sectorial, especialmente en la Criminal Justice Act (2003), a la que nos hemos referido en varias ocasiones a lo largo de este trabajo.

Antes de que un caso llegue a ser objeto de enjuiciamiento, se suceden una serie de trámites previos que sirven para determinar si existen motivos suficientes para el ejercicio de la acción penal puesto que su finalidad es la verificar el fundamento de las sospechas sobre las que eventualmente pudiera fundarse la acusación. Al igual que sucede en nuestro país, un hecho que no revista la apariencia de delito, al menos de manera indiciaria, no merece que dé lugar a proceso alguno pues la actividad orientada a la persecución penal y los gastos que se derivaran de ella está encaminada a enjuiciar conductas que tengan relevancia penal70.

Desde el punto de vista de su sustanciación procesal, la fase previa está, muy estandarizada: una vez que la policía remite el atestado, es labor del prosecutor verificar si existen elementos para ejercitar la acción penal e iniciar el procedimiento o, en su caso, decidir si considera conveniente proseguir con la investigación. La actividad del acusador público inglés ha estado asociada originariamente al ejercicio de una función netamente procesal y no le com-

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pete investigar. Así pues, no es un fact-finder, ya que esta actividad ha quedado reservada a la policía, aunque como veremos, si bien al CPS le está vedado interferir en la labor que lleva a cabo la policía, sin embargo puede dar instrucciones o aconsejar acerca de dónde ha de orientar la investigación.

A la hora de investigar, a diferencia de lo que sucede en otros países, la policía no depende ni del fiscal ni de los jueces; debe no obstante recabar la autorización judicial o de sus superiores para adoptar medidas coercitivas o limitativas de derechos fundamentales71. En este sentido, en la mayor parte de los casos, el material para emprender el ejercicio de la acción penal lo proporciona la propia policía, lo que ha llevado a pensar que probablemente esta cercanía no haya sido especialmente bien vista por algunos autores, que en algún momento han censurado la especial sintonía a la que a veces conduce el trabajo cotidiano con los prosecutors y que en ocasiones les ha llevado a adoptar una estrategia común frente al acusado72.

Pero la decisión de si se persigue penalmente un delito, no le corresponde. Este dato, con ser

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el resultado de un desarrollo evolutivo alcanzado a través de los años y no exento de controversia, presta hoy en día un servicio fundamental para comprender cuáles son los criterios que se utilizan a la hora de proceder contra un sujeto y, sobre todo, para saber cuáles son las responsabilidades que cada cual asume en esta materia. Desde luego, proceder penalmente sin una sólida imputación y sin disponer de pruebas suficientes o sin que medie un interés público que sea merecedor de una sanción, son aspectos que suelen ser percibidos por la sociedad inglesa como actos reprochables jurídicamente y por lo tanto generadores de responsabilidad.

Por eso, como se verá, en el proceso penal inglés los acusadores públicos han de observar una serie de protocolos que suministran una serie de criterios sobre cómo deben actuar en cada caso para decidir si acuerdan o no la apertura de un procedimiento ejercitando la acción penal. Estos criterios se encuentran incorporados al Code for Crown Prosecutors (en adelante, The Code). Su contenido es revisado periódicamente por el Parlamento para adecuarlo a las necesidades y a las orientaciones que marca la jurisprudencia, especialmente la que emana del Tribunal Europeo de Derechos Humanos73. Estas reglas tienen por finalidad establecer criterios objetivos, claros y transparentes, proporcionando así un alto grado de previsibilidad en la

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actuación de la acusación, especialmente en lo que se refiere al ejercicio del principio de oportunidad74, reduciendo así considerablemente el ámbito de su aparente y teórica discrecionalidad75. Las normas incorporadas al Code están además redactadas de manera asequible a fin que todo el mundo las entienda y sirvan para transmitir una imagen de seriedad y confianza a la opinión pública sobre la forma de proceder en esta materia.

Como se ha dicho, las normas contenidas en el Code, aunque no tienen rango legal, constituyen un elemento básico en la actuación de los responsables de la acusación pública: en definitiva, sirven para regular el proceso a través del cual se forma la voluntad del prosecutor en orden a la determinación de cómo, cuándo y de qué manera se toma la decisión de ejercitar la acción penal. En otras palabras: una verdadera y auténtica guía para la prevención de imputaciones injustificadas o infundadas.

Los prosecutors están obligados a respetarlas ya que están dirigidas a evitar el que pueda obtenerse una sentencia de condena a cualquier precio, hasta el punto de que, como se ha dicho, en el ejercicio de su función, han de evitar toda idea de victoria o de derrota ya que su finalidad

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es la de presentar ante el tribunal un caso que se considere de interés público a los efectos de su represión:

«[I]t cannot be over-emphasised that the purpose of a criminal prosecution is not to obtain a conviction: it is to lay before a jury what the Crown considers to be credible evidence relevant to what is alleged to be a crime. The role of prosecutor excludes any notion of winning or losing; his function is a matter of public duty than which in civil life there can be none charged with greater personal responsibility. It is to be efficiently...

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